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Fernandez guillermo carlos c/ municipalidad de lincoln s/ pretensión indemnizatoria


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"FERNANDEZ GUILLERMO CARLOS C/ MUNICIPALIDAD DE LINCOLN S/ PRETENSIÓN INDEMNIZATORIA"

En la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, a los 24 días del mes de noviembre de 2009, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Nicolás, integrada por los Dres. Damián Nicolás Cebey, Marcelo José Schreginger (no suscribiendo el presente la Dra. Cristina Yolanda Valdez por encontrarse de licencia), se reúne en Acuerdo ordinario para dictar sentencia definitiva en los autos "FERNANDEZ GUILLERMO CARLOS C/ MUNICIPALIDAD DE LINCOLN S/ PRETENSIÓN INDEMNIZATORIA", expediente nº 759-2009.

De acuerdo con el sorteo efectuado se estableció el siguiente orden de votación: Dres. Damián Nicolás Cebey y Marcelo José Schreginger.



ANTECEDENTES

a) A fs. 79 y ss., y acompañado documental, comparece el Sr. Guillermo Carlos Fernández, por propio derecho y con patrocinio letrado del Dr. José A. Yarza, promoviendo pretensión indemnizatoria contra la Municipalidad de Lincoln, por el monto de Pesos Ciento Veintiún Mil Quinientos ($.121.500) y/o lo que en más o en menos surgiera de la prueba y del criterio del a quo, con más intereses, costos y costas.

Narra los hechos en virtud de los cuales se considera con derecho al reclamo (fs. 79 in fine/80) y señala los fundamentos por los cuales entiende que tornan responsable, a su criterio, a la Comuna accionada (fs. 80/84); seguidamente expresa el reclamo indemnizatorio y los rubros y montos que lo componen (fs. 84/85 vta.), invoca derecho, cita fallos, y -seguidamente- ofrece prueba (fs. 86 vta./87 vta.).

Expresó el actor que es hijo de la Sra. Ángela Rodríguez, fallecida el día 9 de julio de 2005 en Arenaza, Partido de Lincoln; que su madre se encontraba en el pabellón de geriatría del Hospital Municipal “Pedro Lacau” de la mencionada localidad; que el referido Hospital pertenece al Municipio demandado; que el pabellón fue destruido el día mencionado por un foco ígneo y que, a consecuencia de tal incendio, fallecieron tres personas -entre ellas la progenitora del actor; que la Sra. Rodríguez muere carbonizada (según expresa que señala la IPP 2648/05).

El accionante expresa, en cuanto a la responsabilidad que achaca a la Comuna, que son de aplicación las normas de responsabilidad objetiva que cita (artículos 43, 1112 CC), por el carácter de dueño o guardián del Municipio (artículo 1113 CC), por incumplimiento del deber de seguridad e indemnidad (invocando el artículo 19 CN); y, a todo evento, plantea la responsabilidad subjetiva de la Comuna (por negligencia e imprudencia de empleados y/o funcionarios del Hospital y del Municipio).

Como rubros reclamados expone los de “daño extrapatrimonial” (fs. 84 vta., daño moral) -que solicita se resarza en Pesos Ciento Veinte Mil ($.120.000)- y “daño patrimonial” (fs. 85 in fine, gastos de sepelio y por destrucción de elementos personales de la fallecida progenitora).

Notificada la demanda (fs. 90), comparece -por apoderado, instrumento suscripto a fs. 92/94- la Municipalidad de Lincoln, quien -tras la negativa genérica de fs. 95 in fine y la específica de fs. 95 vta./98 vta.- ofrece prueba, y dedica acápite individual para manifestar su oposición respecto de ampliaciones de prueba (fs. 96).

Ambas partes expresaron su reserva del caso federal, la actor a fs. 87 vta. y la accionada a fs. 99 vta.

Fijada la audiencia que prevé el artículo 41 del CCA, la misma se realiza (fs. 104 y vta.), ordenándose la producción de la informativa, testimonial y confesional; declarándose inadmisible la prueba psicológica.

Puestos los autos para alegar (fs. 203), solamente formula presentación la actora (fs. 206/208).

Llamados los autos para dictar sentencia (fs. 211), el a quo dicta su fallo a fs. 212/215, siendo notificadas las partes, interponen recurso de apelación contra tal decisorio.

b) LA SENTENCIA

El juez de grado resolvió los autos admitiendo la pretensión indemnizatoria, y condenando a la Comuna a pagar al actor la suma de Pesos Cuarenta Mil ($.40.000) con más intereses, en concepto de daño moral y daño emergente, e imponiendo por su orden las costas.

Consideró el sentenciante que la IPP n° 2648/05 permite tener por acreditados los hechos en virtud de los cuales el reclamante promueve la acción y, además, que existen motivos bastantes para atribuir inobservancia en las disposiciones reglamentarias por parte de las autoridades municipales (“al permitir la instalación de estufas eléctricas en las proximidades de las camas en donde pernoctaban las personas internadas”, fs. 213 vta.). Tras invocar las normas provinciales que considera transgredidas, se expide admitiendo la responsabilidad de la accionada e imponiéndole la obligación de reparar el daño.

Respecto del daño moral, estima prudente fijarlo en Pesos Treinta y Siete Mil ($.37.000), con más los intereses (que los establece a la tasa pasiva del Banco Provincia de Buenos Aires) desde el día de fallecimiento de la progenitora del actor.

También admite el daño patrimonial por los gastos de sepelio, fijándolo en el monto que otorgara en los autos “Costa c/ Rodríguez Boll s/ pretensión indemnizatoria”, esto es, Pesos Dos Mil Quinientos ($.2.500) con más el interes, ya señalado.

También admite el costo de la vestimenta, cita fallo, y lo establece en la suma de Pesos Quinientos ($.500), con más los intereses, a idéntica tasa.

c) APELACIONES

c) 1. DE LA ACTORA (fs. 218/222):

Critica, centralmente, los montos otorgados por el a quo para la indemnización a favor del apelante, la tasa de los intereses, y el modo de imposición de las costas.

Respecto del quantum otorgado por daño moral, señala que el valor dinerario reconocido en sentencia no repara plenamente el rubro; plantea que el deceso no se debió a negligencia, imprudencia o impericia en el obrar, sino que “existe evidentemente una omisión dolosa inexcusable” (fs. 218 vta. in fine) de la Comuna. Expone que la indemnización del rubro en tratamiento no debe ser simbólica (citando fallo).

En cuanto a la tasa de interés que dice agraviarlo, peticiona sea sustituida por la tasa activa (fs. 219 vta.), transcribiendo fallos y planteando que la suma otorgada como indemnización se ha visto depreciada, afectada, por el fenómeno inflacionario.

Critica también que se aplicaran las costas por el orden causado, señalando que ello va contra el derecho de obtener un resarcimiento justo y pleno, y que también funda su agravio en la conducta de la contraria. Pide se apliquen al demandado perdidoso.

c) 2) DE LA DEMANDADA (fs.223/225 vta.):

Cuestiona, por excesivo, el monto otorgado como indemnización por daño moral; plantea que “no es fácil para los jueces fijar indemnizaciones por daño moral” (fs. 223 vta.), que “debe actuarse con suma prudencia” y que “la indemnización por daño moral no se fija a título de lucro cesante” (fs. 224), que deben ponderarse -como parámetros objetivos- “la edad de la víctima y el desapego emocional del reclamante”.

También cuestiona los intereses (fs. 225), por considerar que no pueden aplicarse a la indemnización por daño moral, y -para el caso que se desestime ese planteo- peticiona se computen desde la sentencia, y no desde el acaecimiento del hecho.

d) CONTESTACIONES DE AGRAVIOS

d) 1) POR LA ACTORA, DE LOS AGRAVIOS DE LA COMUNA (fs. 231/233):

Expresa su rechazo a lo señalado por el Municipio, considera que no existe probanza alguna respecto del supuesto “desapego emocional y desinterés” (fs. 221 vta.) y plantea que no inciden sobre el daño moral y su cuantía las circunstancias esgrimidas por la Comuna.

En cuanto a los intereses, sostiene que los mismos se deben desde el comienzo de la obligación de responder, siendo -frente al reclamo de reparación por un hecho ilícito- que se deben desde tal hecho. Cita fallos.

Reseñados los antecedentes del caso, la Cámara estableció las siguientes cuestiones a resolver:

¿Debe modificarse el monto otorgado para indemnizar el daño moral?

¿Debe modificarse lo resuelto por el Juez de grado respecto de los intereses?

¿Debe prosperar el pedido de aplicación de costas a la demandada?



A la primera cuestión, el Juez Dr. Cebey dijo: -

Debo señalar, liminarmente, que los agravios de las partes -en esta cuestión- se vinculan básicamente con el monto otorgado por el a quo respecto del rubro "daño moral", difiriendo los apelantes en su agravio (para su baja, por la demandada; para lo contrario, por el actor).

Para sustentar sus peticiones, los litigantes recurren a diversos argumentos.

Resumiendo, el actor sostiene que el valor dinerario reconocido por la sentencia no es suficiente para la reparación del rubro y sostiene que el deceso de su progenitora no se debió a negligencia, imprudencia o impericia en el obrar, sino que “existe evidentemente una omisión dolosa inexcusable” (fs. 218 vta. in fine) de la Comuna.

A su turno, la Comuna señala que el monto concedido resulta excesivo, por cuanto -entre otras consideraciones- el a quo debió ponderar -como parámetros objetivos- “la edad de la víctima y el desapego emocional del reclamante”.

Coincido con el planteo de la accionante cuando sostiene que “no es fácil para los jueces fijar indemnizaciones por daño moral” (fs. 223 vta.), que “debe actuarse con suma prudencia” y que “la indemnización por daño moral no se fija a título de lucro cesante” (fs. 224). Tales extremos deben ser aplicados por los Magistrados al analizar los casos que se les presentan a resolución.

Ahora bien, respecto del planteo del Municipio en cuanto a que resultarían parámetros objetivos “la edad de la víctima y el desapego emocional del reclamante”, debo señalar que el rubro en cuestión pretende otorgar resarcimiento del dolor, de las afecciones íntimas de la persona ante el hecho dañoso, no siendo de incidencia -en el caso- la edad de la madre del actor, por más que pudiera contar con edad avanzada o estar reponiéndose de una intervención quirúrgica; ello por cuanto -como el propio demandado apelante lo sostiene- no estamos en ocasión de ponderar el "lucro cesante" (rubro en el cual suelen ponderarse parámetros de la vida del occiso).

Señala Jorge Mosset Iturraspe, en doctrina de fallo, que "La muerte de un ser querido provoca profundas perturbaciones espirituales y que, indudablemente, por más que se trate de hijos mayores de edad y de una madre ya septuagenaria pero que estaba en plena actividad, implica un daño moral que debe ser cuantificado adecuadamente" ("Visión jurisprudencial del valor de la vida humana", tomo I, Rubinzal Culzoni Editores, Santa Fe, 1994, páginas 251/252); y añade "Es cierto que en el caso de padre o madre anciano su desaparición habría sucedido, según el curso natural de las cosas, en fecha relativamente cercana. Pero el homicidio, al margen del lógico impacto de una muerte injusta, súbita y violenta (con el consiguiente dolor frente a lo que viene a torcer la normalidad de la vida) acorta, en los hechos, la lógica expectativa de la continuidad existencial y la de gozar siquiera por poco tiempo más del apoyo y compañía de quien trajo al mundo al que acciona" (opus citado, página 252).

Va de suyo que, atento que el Municipio introduce tardíamente cuestiones que no fueron sometidas ni a probanzas ni al análisis del a quo, ellas (por caso, el alegado "desapego" del actor para con su progenitora) no corresponde que sean ponderadas, por ambas razones.

Cabe acotar que, en la contestación de demanda, la Comuna realizó una extensa negativa de los planteos actorales, ofreciendo únicamente la prueba que figura a fs. 98 vta./99 (confesional, que desistió; informativa, que diligenció; y testimonial, que no produjo), y sin realizar alegaciones o planteos vinculados con lo que intenta introducir recién al expresar sus agravios. Tampoco ha intentado enervar, en este tema, los dichos de los testigos ofrecidos por la actora.

Por lo expuesto, considero que los agravios expresados por el Municipio, no pueden prosperar.

Analizando los achaques endilgados por el actor a la sentencia, considero oportuno expresar algunas consideraciones, principiando por el atinente a que “existe evidentemente una omisión dolosa inexcusable” (fs. 218 vta. in fine) de la Comuna; respecto de lo cual debo manifestar que no puede ser atendido, por cuanto su articulación deviene tardía e inoportuna; los criterios sostenidos por la parte en su demanda difieren del reproche doloso -aún por omisión- que ahora intenta a los fines de elevar la indemnización del daño moral.

Expresado ello, coincido con la parte actora en cuanto sostiene que el valor dinerario reconocido en sentencia no debe ser simbólico.

Empero, no encuentro una crítica razonada y concreta que, superando la disconformidad de la parte, permita sostener el propio y subjetivo agravio y, en consecuencia, modificarlo.

Por ello, entiendo que corresponde desestimar los planteos que realizaran las partes para cuestionar el monto del resarcimiento del daño moral fijado por el a quo.

A la cuestión, el Juez Dr. Schreginger expresó:

Compartiendo lo expuesto por el Dr. Cebey VOTO en idéntico sentido.



A la segunda cuestión, el Juez Dr. Cebey dijo:

Las partes se disconforman en cuanto a los intereses de condena; la actora sostiene que debe aplicarse la "tasa activa" y no la pasiva, mientras que la Comuna plantea que -por un lado, no corresponden para el rubro "daño moral"- y, en caso de ser ello desestimado, que se computen desde la sentencia y no desde el hecho dañoso.

Principiaré por analizar el de la Comuna (respecto de la inadmisibilidad del interés sobre el daño moral) puesto que, según se decida, incidirá lo resuelto respecto de los otros achaques.

Para ello, me remitiré al criterio sostenido por la SCBA en Ac. 37354, S 9-6-1987, Juez NEGRI (SD), "Goñi, Walter c/ El Cóndor S.A. y otros s/ Daños y perjuicios", publicado enAyS 1987-II-270, teniendo por Magistrados votantes a los Dres. Negri, San Maríin, Laborde, Cavagna Martinez y Salas): "El cómputo de la actualización por depreciación monetaria del daño moral, y sus intereses, debe realizarse desde la fecha en que se produjo el hecho".

Acoto que -por la época de la que data el fallo- lo atinente a la depreciación monetaria no es de aplicación en autos (conf. Ac. 88502, "Latessa c/ Compañía Sud Argentina de Construcciones S.A. Ejecución de sentencia", sent. del 31/08/06).

Esta cuestión ha sido tratada en numerosas ocasiones, con resultado idéntico al antes señalado. En efecto: -

En las obligaciones con fuente en hechos delictuales o cuasi-delictuales, los intereses deben liquidarse -en todos los casos, incluyendo los de la indemnización por ´daño moral´- desde la fecha del hecho ilícito”, CC0000 TL 8790 RSD-17-43 S 5-5-1988, Juez Macaya (SD), “Rosaschi, Héctor Raúl y otros c/ Gutierrez, Jorge Omar y otro s/ Daños y perjuicios”, mag. votantes: Macaya - Lettieri - Casarini; -

Los intereses de la indemnización debida por un acto ilícito -delitos o cuasidelitos- deben liquidarse desde la fecha del evento dañoso, pues tal criterio es el que mejor se compadece con el principio de que la reparación debe ser integral, y que inspira en esta materia a nuestra legislación civil, sin que sea obstáculo para ello la falta de constitución en mora o la liquidez de la deuda. Y, los intereses del resarcimiento debido por daño moral también deben computarse a partir de la fecha del hecho ilícito y no desde la interposición de la demanda”, CC0201 LP, B 83868 RSI-70-97 I 4-3-1997, “Granavetter, José c/ Mansilla, Hugo Omar s/ Daños y perjuicios”, mag. votantes: Crespi-Sosaa; -

Se tiene decidido de forma monocorde por la doctrina legal de la Suprema Corte, que el principio de la reparación integral que consagran los arts. 1078 y 1083 del Código Civil, importa que la condena por el capital debido se integra con los intereses correspondientes desde la fecha en que sobrevino el hecho ilícito, pues esta tesis es la que mejor se adecua al principio de la reparación integral en esta materia, como acaece en el caso de autos tratándose de la reparación de la incapacidad física y del daño moral”, CC0201 LP 93016 RSD-5-00 S 10-2-2000, Juez Sosa (SD), “Ansin, Oscar Emir c/ Martínez, Julio Carlos s/ Daños y perjuicios”, mag. votantes: Sosa-Marroco; -

El hecho ilícito -la muerte de la persona- marca el comienzo de la obligación de responder. De tal manera, con independencia de la fecha de la sentencia que da fuerza legal a dicha obligación, los intereses por gastos de sepelio y daño moral deben correr desde ese momento”, CC0102 MP 108494 RSD-12-00 S 8-2-2000, Juez Oterino (SD), “Ferreyra Edith c/ Gorosito José s/ Daños y perjuicios”, mag. votantes: Oteriño-Zampini-Dalmasso.

Consecuentemente, el agravio intentado por la Comuna debe ser desestimado; a más, tampoco fue articulado expresamente al contestar la demanda.

Y, por las propias citas jurisprudenciales realizadas, también debe ser desestimado el agravio vinculado con el momento desde el cual deben computarse los intereses sobre el monto resarcitorio.

Atento lo expresado, me abocaré al siguiente punto en discusión -articulado por la actora-, esto es, la tasa que debe ser aplicada al caso de autos sobre el capital concedido como condena.

Peticiona la actora que se mande calcular los intereses a la tasa activa (fs. 219 vta.), transcribiendo fallos y planteando que la suma otorgada como indemnización se ha visto depreciada, afectada, por el fenómeno inflacionario.

Debo señalar que, sin perjuicio de la veracidad en cuanto afirma que las citas que realiza son posteriores a la salida del régimen de convertibilidad, también deviene particularmente considerable lo resuelto por la SCBA en Ac. 88502, "Latessa c/ Compañía Sud Argentina de Construcciones S.A. Ejecución de sentencia", sent. del 31/08/06.

En el fallo referido, el voto del Dr. Soria, sin disidencias, expresó (ante un planteo del recurrente disconformándose con el rechazo sobre el pedido de reajuste de capital, solicitando la aplicación de la tasa activa del Banco de la Provincia de Buenos Aires) que "Sobre el primer tópico (acoto: reajuste de capital) ha dicho esta Corte que de acudirse a la 'actualización', 'reajuste o indexación' términos que suponen una operación matemática se quebrantaría la prohibición contenida en el art. 7 de la ley 23.928 (conf. Ac. 68.567, sent. del 27IV1999; B. 49.193 bis, sent. del 2X2002) doctrina plenamente aplicable en la especie en atención al mantenimiento de tal precepto luego del abandono de la paridad cambiaria dispuesta por la ley 25.561.- Ello también contribuye al rechazo del segundo planteo (acoto: tasa de interés). Es que la sanción de la ley 25.561 en nada cambia los fundamentos que esta Suprema Corte expusiera en la causa Ac. 49.439 (sent. del 3VIII1993) y posteriores, en el sentido que los intereses por el período posterior al 1 de abril de 1991 serán liquidados a la tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires, pues no puede perderse de vista que la denominada tasa ‘activa’ tiene incorporado además de lo que corresponde al ‘precio del dinero’ un plus constituido por el costo financiero propio de las entidades que se dedican a la intermediación de capitales y que obviamente no pesa sobre la actora".

Recientemente la SCBA (en la causa "Ponce, Manuel Lorenzo y otra contra Sangalli, Orlando Bautista y otros. Daños y perjuicios", C. 101.774) -en síntesis y por mor a la brevedad- concluyó en revocar "la sentencia impugnada en lo concerniente a la tasa aplicable a partir del 1 de enero de 2002 a los intereses adeudados, los que deberán calcularse conforme la que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días, vigente en los distintos períodos de aplicación".

Ello provocó, a su vez, la adopción de tal criterio por la Sala Tercera de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial de La Plata ("Gasparetto, E. c/ Pandolfi, C. A. s/ daños y perjuicios", sentencia del 29/10/2009), que señalara: "En efecto, si bien es cierto que este Tribunal, a partir de la causa n° 249.036 (RSD: 281/2007) se apartó de la doctrina legal (...); hoy, frente a un reciente pronunciamiento de la Suprema Corte de esta Provincia mediante el cual se mantiene incólume la doctrina de la tasa pasiva (...) corresponde dejar a un lado nuestra opinión (...), volver a aplicar la tasa pasiva...".

Por todo lo expuesto, considero que debe rechazarse el agravio de la actora respecto de la tasa de interés.

Postulo, por lo antes expresado, la confirmación de la sentencia frente a los agravios analizados.



A la cuestión, el Juez Dr. Schreginger expresó:

Compartiendo lo expuesto por el Dr. Cebey VOTO en idéntico sentido.



A la tercera cuestión, el Juez Dr. Cebey dijo:

La actora introduce como cuestión, en sus agravios, lo atinente a la inconstitucionalidad del artículo 51 del CCA, y expresando los argumentos para su ataque.

De modo liminar, debo señalar que el planteo resulta extemporáneo, por cuanto no se desprende de la pretensión inicial que se articulara tal tacha de inconstitucionalidad contra la norma aludida.

A más de ello, la parte no ha expresado argumentos que permita dejar de aplicar el criterio de la SCBA en la materia (recientemente ratificado en sentencias del 15/4/2009 en causa A. 68418 caratulada "Asenjo, Daniel Horacio y otros c/ Dirección General de Cultura y Educación. Provincia de Buenos Aires" y en causa A. 68635 caratulada "Bonanno, Norma Luján y otros c/ Dirección General de Cultura y Educación. Provincia de Buenos Aires").

Por ello, considero que debe ser desestimado el pretendido agravio y, ergo, confirmar lo resuelto por el a quo en esta cuestión.

Y, por aplicación del artículo 51, apartado 1 del CCA, teniendo en consideración el destino que han tenido los recursos interpuestos, postulo que las costas de esta instancia sean impuestas por su orden.



A la cuestión, el Juez Dr. Schreginger señaló:

Compartiendo lo expuesto por el Dr. Cebey VOTO en idéntico sentido.

En virtud del resultado que instruye el Acuerdo que antecede, esta Cámara

RESUELVE:

1º Rechazar los recursos de apelación interpuestos por los litigantes; -

2º Confirmar la sentencia de primera instancia, en lo que ha sido materia de agravio; -

3º Tener presente el caso Federal planteado por el actor apelante a fs. 222; -

4º Imponer las costas de esta instancia por su orden (artículo 51 apartado 1 del CCA); -

5º Diferir la regulación de honorarios para la etapa procesal oportuna (artículo 51 del decreto ley n° 8904/77).



Regístrese y notifíquese por Secretaría.


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