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Exp. 49/2011 autos a la vista para emitir el dictamen correspondiente


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EXP.49/2011

AUTOS A LA VISTA PARA EMITIR EL DICTAMEN CORRESPONDIENTE.--------------------------------------------------

Guadalajara, Jalisco, a 06 seis de febrero del 2013 dos mil trece.-------------------------------------------------------------------------------------------------



VISTO para resolver en definitiva sobre la procedencia o improcedencia de INCOACIÓN DE JUICIO POLÍTICO en contra de los C.C. MIGUEL GUTIERREZ BARBA Y LUIS ENRIQUE VILLANUEVA GOMEZ, en su cargo de CONSEJEROS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO Y LOS C.C. JOSÉ VAZQUEZ VITELA, ISMAEL HERMOSILLO CASILLAS, FRANCISCO JAVIER CASTELLANOS DE LA CRUS, ARMANDO RAMÍREZ RIZO, ANA CRISTINA ESPINOZA VALADEZ, ELSA NAVARRO HERNÁNDEZ, JOSÉ LUIS LÓPEZ SANTOSCOY, JOSÉ ARMANDO ESPINOZA NIÑO Y MIGUEL VALENZUELA GONZÁLEZ en sus cargos de JUECES DEL ESTADO DE JALISCO, registrada bajo expediente 49/2011, emitiéndose el presente dictamen bajo los siguientes;

RESULTANDOS:

1.- Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes del Congreso del Estado de Jalisco, con fecha 29 veintinueve de septiembre del año 2011, las C.C. ADRIANA ELIZABETH NAVARRO VIDAL Y FRANCIA NATALÍ DELGADILLO REYNOSO presentaron denuncia de JUICIO POLÍTICO en contra de los C.C. MIGUEL GUTIERREZ BARBA y LUIS ENRIQUE VILLANUEVA GOMEZ, en su cargo de CONSEJEROS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO y a los C.C. JOSÉ VAZQUEZ VITELA, ALEJANDRO GUEVARA PEDROZA, ISMAEL HERMOSILLO CASILLAS, FRANCISOC JAVIER CASTELLANOS DE LA CRUZ, ARMANDO RAMÍREZ RIZO, ANA CRISTINA ESPINOZA VALADEZ, ELSA NAVARRO HERNÁNDEZ, JOSÉ LUIS LÓPEZ SANTOSCOY, JOSÉ ARMANDO ESPINOZA NIÑO, MIGUEL VALENZUELA GONZÁLEZ, en su cargo de JUECES DEL ESTADO DE JALISCO respectivamente.------------------------------------------------------------------------------------------

2.- Con fecha 05 cinco de octubre del año 2011, comparecieron en forma personal las C.C. ADRIANA ELIZABETH NAVARRO VIDAL Y FRANCIA NATALÍ DELGADILLO REYNOSO, ante el Órgano Técnico de Responsabilidades del Congreso del Estado de Jalisco, a ratificar su denuncia de Juicio Político, como quedó asentado en la constancia de ratificación que obra agregada en actuaciones.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.- Ratificada la denuncia en estudio, esta fue turnada al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso por la Dirección del Órgano Técnico de Responsabilidades del Congreso del Estado, mediante oficio DOTR-JP-194-2011, recibido con fecha 13 trece de octubre del año 2011 dos mil once, para los efectos de su conocimiento y turno legal respectivo a la Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado de Jalisco.----------------------------------------------------------------------------------------------

4.- El día 31 treinta y uno de octubre del año 2011 la H. Asamblea del Pleno del Congreso del Estado de Jalisco turnó a la Comisión de Responsabilidades para su conocimiento y dictamen legal correspondiente.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.- Con fecha 07 siete de noviembre del año 2011, esta Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado de Jalisco, dictó un acuerdo mediante el cual se tuvo por radicada la denuncia, se tuvo al denunciante señalando domicilio para recibir notificaciones, así mismo se ordeno remitir oficios para recabar diversas documentales, se ordenó ampliar el término por 45 cuarenta y cinco días mas atento a lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, y se ordenó traer los autos a la vista para emitir el dictamen correspondiente.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.- En cuanto al oficio ordenado por esta H. Comisión de Responsabilidades en auto de fecha 20 veinte de julio del año 2012 y el diverso de fecha 25 de enero del 2013 al H. CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO, en razón de que las constancias que se solicitaban relativas a la CUARTA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL CONSEJO el día 26 veintiséis de enero del año 2011, obran ya en poder de esta H. Comisión de Responsabilidades se dejan sin efecto y se procede a emitir el dictamen correspondiente bajo los siguientes;

CONSIDERANDOS:

I.- COMPETENCIA.- Esta Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado de Jalisco, con el apoyo de su Órgano Técnico, es competente para conocer, resolver y emitir las resoluciones de las denuncias de Juicios Políticos presentadas al Congreso del Estado, así como para efectuar el examen previo y elaborar los dictámenes que propongan a la Asamblea a efecto de declarar la incoación de Juicio Político o en su caso para desechar de plano la denuncia, con fundamento en lo previsto por los artículos 8 y 13 de la Ley de Responsabilidades de Los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y 55 fracción III así como 99 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco.------------------------------------------------

II.- PERSONALIDAD.- En cuanto a la personalidad de las denunciantes las C.C. ADRIANA ELIZABETH NAVARRO VIDAL Y FRANCIA NATALÍ DELGADILLO REYNOSO, quedó debidamente acreditada puesto que comparecieron a esta instancia en su carácter de ciudadano por su propio derecho, identificándose con documento idóneo para hacerlo como es la credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, satisfaciendo así lo que establece el artículo 10 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.-------------------------------------------------------------------------------

III.- VÍA.- La vía Política empleada por el denunciante es la indicada, según lo disponen los artículos 5, 6 y demás relativos y aplicables de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, así como el artículo 97 de la Constitución del Estado de Jalisco, toda vez que en la presente denuncia quedó claro que los denunciados los C.C. MIGUEL GUTIERREZ BARBA y LUIS ENRIQUE VILLANUEVA GOMEZ, en su cargo de CONSEJEROS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO y a los C.C. JOSÉ VAZQUEZ VITELA, ALEJANDRO GUEVARA PEDROZA, ISMAEL HERMOSILLO CASILLAS, FRANCISOC JAVIER CASTELLANOS DE LA CRUZ, ARMANDO RAMÍREZ RIZO, ANA CRISTINA ESPINOZA VALADEZ, ELSA NAVARRO HERNÁNDEZ, JOSÉ LUIS LÓPEZ SANTOSCOY, JOSÉ ARMANDO ESPINOZA NIÑO, MIGUEL VALENZUELA GONZÁLEZ, en su cargo de JUECES DEL ESTADO DE JALISCO, y por la temporalidad en que se recibió la presente denuncia, se advierte que sí son sujetos de juicio político, dado que se encuentran entre los funcionarios a que alude el invocado artículo 5 de la Ley antes referida, así como el artículo 97 de la Constitución del Estado de Jalisco, tal y como se advierte de la sola lectura de los preceptos en cuestión.-------------------------------------------------------------------------------------------

IV.- ACCIÓN.- El denunciante ejercitó su derecho ciudadano de presentar la denuncia de Juicio Político, por las supuestas conductas atribuidas a los servidores públicos denunciados que, según la apreciación del denunciante incurrieron de forma general los C.C. MIGUEL GUTIERREZ BARBA y LUIS ENRIQUE VILLANUEVA GOMEZ, en su cargo de CONSEJEROS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO en las siguientes conductas; “Por sus inasistencias a las sesiones del pleno del Consejo de la Judicatura provocando la paralización de sus funciones en detrimento del propio órgano y de la Sociedad Jalisciense y en cuanto a los C.C. C.C. JOSÉ VAZQUEZ VITELA, ALEJANDRO GUEVARA PEDROZA, ISMAEL HERMOSILLO CASILLAS, FRANCISOC JAVIER CASTELLANOS DE LA CRUZ, ARMANDO RAMÍREZ RIZO, ANA CRISTINA ESPINOZA VALADEZ, ELSA NAVARRO HERNÁNDEZ, JOSÉ LUIS LÓPEZ SANTOSCOY, JOSÉ ARMANDO ESPINOZA NIÑO, MIGUEL VALENZUELA GONZÁLEZ, en su cargo de JUECES DEL ESTADO DE JALISCO, por la interposición de un juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Administrativo y que dicha conducta obedece a una muestra de gratitud por que los jueces denunciados fueron nombrado anticipadamente en sus cargos…”--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V.- VALORACIÓN DE LOS HECHOS CONSTITUTIVOS DE LA ACCIÓN Y DE LAS PRUEBAS.- Los actos y omisiones que las promoventes exponen en su escrito de denuncia y que imputa a los denunciados, se hacen consistir particularmente según se advierte de su escrito inicial de denuncia en los que respecta a los C.C. MIGUEL GUTIERREZ BARBA y LUIS ENRIQUE VILLANUEVA GOMEZ, en su cargo de CONSEJEROS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO, “Por sus inasistencias a las sesiones del pleno del Consejo de la Judicatura provocando la paralización de sus funciones en detrimento del propio órgano y de la Sociedad Jalisciense así como por la designación anticipada de jueces así como a los C.C. JOSÉ VAZQUEZ VITELA, ALEJANDRO GUEVARA PEDROZA, ISMAEL HERMOSILLO CASILLAS, FRANCISOC JAVIER CASTELLANOS DE LA CRUZ, ARMANDO RAMÍREZ RIZO, ANA CRISTINA ESPINOZA VALADEZ, ELSA NAVARRO HERNÁNDEZ, JOSÉ LUIS LÓPEZ SANTOSCOY, JOSÉ ARMANDO ESPINOZA NIÑO, MIGUEL VALENZUELA GONZÁLEZ, en su cargo de JUECES DEL ESTADO DE JALISCO, por la interposición de un juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Administrativo y que dicha conducta obedece a una muestra de gratitud por que los jueces denunciados fueron nombrados anticipadamente en sus cargos…”””, entre otros agravios, los cuales no se trascriben pero si se toman en consideración debido al principio de legalidad y a que existe una clara política legislativa que intenta desterrar de la práctica de transcribir innecesariamente constancias procesales; de ahí que los juzgadores que dicten resoluciones, por regla general, en acato al principio de legalidad que rige el desempeño de toda autoridad, especialmente las jurisdiccionales, se puede excluir de trascribir las mismas, lo anterior en atención al siguiente criterio que señala:--------------------------------------------------------------------------------

Tesis XXI.1o.P.A. J/13 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 174 992 15 de 28

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. XXIII, Mayo de 2006 Pág. 1637 Jurisprudencia (Penal)

9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; XXIII, Mayo de 2006; Pág. 1637

RESOLUCIONES EN MATERIA PENAL. LOS JUZGADORES AL DICTARLAS DEBEN, POR REGLA GENERAL, ABSTENERSE DE TRANSCRIBIR INNECESARIAMENTE CONSTANCIAS PROCESALES EN ACATO AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE RIGE SU DESEMPEÑO, SIN QUE ELLO IMPLIQUE RESTRINGIR SU LIBERTAD NARRATIVA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO).

Acorde con el artículo 50 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero, el legislador procuró que las resoluciones judiciales sean menos voluminosas y evitar confusiones que las hagan complejas e, incluso, onerosas; sin embargo, entre las reglas sobre redacción de sentencias que deben observarse, no se desprende que el juzgador tenga el deber de reproducir en cada uno de los considerandos de la sentencia el contenido de las pruebas y diligencias que forman parte de la causa penal. Por tanto, existe una clara política legislativa que intenta desterrar de la práctica judicial la arraigada costumbre de transcribir innecesariamente constancias procesales; de ahí que los juzgadores que dicten resoluciones en materia penal deben, por regla general, procurar abstenerse de dicho hábito, en acato al principio de legalidad que rige el desempeño de toda autoridad, especialmente las jurisdiccionales, pues no puede desconocerse que se está ante una potestad popular y soberana como la del legislador, que inexcusablemente debe ser respetada. Lo anterior no significa que se restrinja la libertad narrativa del autor de las resoluciones, quien en ocasiones requiere ilustrar, a través de una cita textual el sentido de sus razonamientos, pero no debe olvidarse que ello puede lograrse, y además de mejor manera, prefiriendo extractos de constancias -como lo manda la norma-, mediante la utilización de signos de puntuación idóneos, tales como las comillas, los paréntesis, los corchetes, los puntos suspensivos y otros análogos.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 249/2005. 20 de octubre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Carreón Hurtado. Secretaria: Gloria Avecia Solano.

Amparo directo 353/2005. 1o. de diciembre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Carreón Hurtado. Secretaria: Gloria Avecia Solano.
Amparo directo 384/2005. 1o. de diciembre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Carreón Hurtado. Secretaria: Gloria Avecia Solano.

Amparo directo 424/2005. 2 de febrero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Carreón Hurtado. Secretaria: Gloria Avecia Solano.

Amparo directo 457/2005. 16 de febrero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Carreón Hurtado. Secretaria: Gloria Avecia Solano.
Para acreditar los elementos constitutivos del juicio político planteado por el denunciante ofreció los siguientes medios de convicción: ---------- ----------------------------------------------------------------------------------------

1.- DOCUMENTAL PÚBLICA (anexo 1).- Consistente en el acuerdo legislativo a) 1512/2006 y 1515/2006 de la LVII legislatura del H. Congreso del Estado de Jalisco, mediante los cuales se designaron como Consejeros Integrantes del Consejo de la Judicatura a los C.C. Miguel Gutiérrez Barba y Luis Enrique Villanueva Gómez a partir del 31 treinta y uno de mayo del año 2006, la prueba anunciada descritas anteriormente si bien no fueron aportadas por el denunciante ni recabadas por la H. Comisión de Responsabilidades del Estado de Jalisco, al ser hechos emanados de un poder público y estar disponibles en la página web del Congreso del Estado de Jalisco, constituye un hecho notorio que puede tomarse en cuenta para resolver al respecto, como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia, a saber;
J]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; XXIX, Enero de 2009; Pág. 2470

HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR.

Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los tribunales, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada "internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular



SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO

Amparo directo 816/2006. 13 de junio de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Arteaga Álvarez. Secretario: Jorge Alberto Camacho Pérez.

Amparo directo 77/2008. 10 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Arteaga Álvarez. Secretario: José Martín Lázaro Vázquez.

Amparo directo 74/2008. 10 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Arteaga Álvarez. Secretario: Jorge Alberto Camacho Pérez.



Amparo directo 355/2008. 16 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Artemio Maldonado Cruz, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: Rolando Meza Camacho.

Amparo directo 968/2007. 23 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Marta Olivia Tello Acuña. Secretaria: Elvia Aguilar Moreno.
2.- DOCUMENTAL PÚBLICA (anexo2).- Consistente en un ejemplar del Boletín Judicial Segunda Época, Tomo XIV, de fecha 14 catorce de septiembre del año 2011 mediante el cual se publicó el acuerdo general aprobado por el pleno del H. Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, en la Novena Sesión Extraordinaria del 23 veintitrés de abril del año 2009.

3.- DOCUMENTAL PUBLICA (Anexo 3).- Consistente en la copia certificada de la certificación levantada con motivo de la no celebración de la Tercera Sesión Extraordinaria prevista para el 12 doce de mayo del año 0211.

4.- DOCUMENTAL PÚBLICA (anexo 4).- Consistente en la copia certificada de la certificación levantada con motivo de la no celebración de la Vigésima Primera Sesión Ordinaria, prevista para el día 01 primero de junio del año 2011.

5.- DOCUMENTAL PÚBLICA (anexo 5).- Consistente en la copia certificada de la Trigésima Primera Sesión Ordinaria de Fecha 24 veinticuatro de agosto del año 2011.

6.- DOCUEMNTAL PÚBLICA (anexo 6).- Consistente en la copia certificada de la certificación levantada con motivo de la no celebración de la Trigésima Segunda Sesión Ordinaria, prevista para el día 31 treinta y uno de agosto del año 2011.

7.- DOCUMENTAL PÚBLICA (anexo 7).- Consistente en la copia certificada de la certificación levantada con motivo de la no celebración de la Trigésima Tercera Sesión Ordinaria, prevista para el día 07 siete de septiembre del año 2011.

8.- DOCUMENTAL PÚBLICA (anexo 8).- Consistente en la copia certificada de la certificación levantada con motivo de la no celebración de la Cuarta Sesión Extraordinaria, prevista para el día 09 nueve de septiembre del año 2011.

9.- DOCUMENTAL PÚBLICA (anexo 9).- Consistente en el Informe que elabora el Secretario del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco.

10.- DOCUMENTAL PÚBLICA (anexo 10).- Consistente en copias certificadas de la Cuarta Sesión Ordinaria celebrada el día 26 veintiséis de enero del año 2011 mediante la cual se ratificaron a los jueces ELSA NAVARRO HERNÁNDEZ y ANA CRISTINA ESPINOZA VALADEZ.

11.- DOCUMENTAL PÚBLICA (anexo 11).- Consistente en copias certificadas de la Cuarta Sesión Ordinaria celebrada el día 26 veintiséis de enero del año 2011 mediante la cual se ratificaron a los jueces ELSA NAVARRO HERNÁNDEZ y ANA CRISTINA ESPINOZA VALADEZ.

12.- DOCUMENTAL PÚBLICA (anexo 12).- Consistente en copias certificadas de los acuerdos plenarios derivados de la Vigésima Sesión Ordinaria celebrada el 25 veinticinco de mayo del año 2011, mediante los cuales se ratificaron los jueces MIGUEL VALENZUELA GONZÁLEZ e ISMAEL HERMOSILLO CASILLAS.

13.- DOCUMENTAL PÚBLICA (anexo 13).- Consistente copias certificadas de los acuerdos plenarios derivados de la Vigésima Sesión Ordinaria celebrada el 25 veinticinco de mayo del año 2011, mediante los cuales se ratificaron los jueces MIGUEL VALENZUELA GONZÁLEZ, ISMAEL HERMOSILLO CASILLAS, DR. JOSÉ VAZQUEZ VITELA Y ALEJANDRO GUEVARA PEDROZA.

14.- DOCUMENTAL PÚBLICA (anexo 14).- Consistente copias certificadas de los acuerdos plenarios derivados de la Vigésima Sesión Ordinaria celebrada el 25 veinticinco de mayo del año 2011, mediante los cuales se ratificaron los jueces MIGUEL VALENZUELA GONZÁLEZ, ISMAEL HERMOSILLO CASILLAS, DR. JOSÉ VAZQUEZ VITELA Y ALEJANDRO GUEVARA PEDROZA.

15.- DOCUMENTAL PÚBLICA (anexo 15).- Consistente copias certificadas de los acuerdos plenarios derivados de la Vigésima Sesión Ordinaria celebrada el 25 veinticinco de mayo del año 2011, mediante los cuales se ratificaron los jueces MIGUEL VALENZUELA GONZÁLEZ, ISMAEL HERMOSILLO CASILLAS, DR. JOSÉ VAZQUEZ VITELA Y ALEJANDRO GUEVARA PEDROZA.

16.- DOCUMENTAL PÚBLICA (anexo 16).- Consistente en copias certificadas de los oficios 2722/2011 y 2725/2011 derivados de la Controversia Constitucional e incidente de suspensión de la Controversia Constitucional 92/2011.

17.- DOCUMENTAL PÚBLICA (anexo 17).- Consistente en la copia certificada del oficio 3045/11; que remite el auto del 09 nueve de septiembre del año 2011 pronunciado por el Magistrado de la Cuarta Sala del Tribunal de los Administrativo, mediante el cual concede la suspensión para el efecto de que el Consejo de la Judicatura del Estado no celebre Sesiones.

18.- DOCUMENTAL PÚBLICA (anexo 18).- Consistente en la copia certificada del oficio 3084/11 que adjunta el auto del 12 doce de septiembre del año 2011, dictado por el Magistrado de la Cuarta Sala del Tribunal de los Administrativo.----------------------------------------------------------------------------------------------------

VI.- ANÁLISIS FINAL: Una vez que fueron debidamente analizadas cada una de las partes que integran el escrito de denuncia, así como las constancias que conforman el presente juicio, esta H. Comisión de Responsabilidades determina que, para abordar con mayor profundidad los puntos del presente dictamen, se dilucidarán cada uno de los hechos en el mismo orden en que fueron narrados en el escrito inicial, lo que impele a este Órgano Colegiado, a estudiarlos de forma individual. Así pues, antes de iniciar con el aludido razonamiento, es pertinente dejar en claro que para declarar la procedencia de substanciar el juicio político es necesario atender a los extremos que al efecto refiere el artículo 6º de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco que a la letra refiere;
Artículo 6º. Es procedente el juicio político, cuando los actos u omisiones de los servidores públicos a que se refiere el artículo anterior, redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.
No procede el juicio político por la mera expresión de ideas.
En ese mismo tenor entendemos como elementos que redundan en perjuicio del interés público fundamental y de su buen despacho en los términos de los supuestos que al efecto señala el artículo 7 del Cuerpo de Leyes precitado establece: “Redundan en perjuicio del interés público fundamental y de su buen despacho: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. El ataque que perturbe la vida jurídica y el buen funcionamiento de las instituciones democráticas establecidas y reguladas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la Constitución Política del Estado de Jalisco; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  2. Los actos y omisiones encaminados a alterar la forma de gobierno republicano, representativo y popular establecida por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la Constitución Política del Estado de Jalisco; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  3. Las violaciones graves o sistemáticas a las garantías individuales o sociales, siempre y cuando estén fundadas en sentencias firmes emanadas de los tribunales competentes; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  4. Los actos u omisiones que contravengan la Constitución local o las leyes que de ella emanan o los reglamentos, cuando causen daños patrimoniales graves al Estado, al municipio o a la sociedad, o motiven algún trastorno grave en el funcionamiento normal de sus instituciones; y--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  5. Percibir o asignar cualquier tipo de pago, prestación, compensación o bono alguno que no esté expresamente asignado en el presupuesto de egresos correspondientes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  6. El recibir cualquier tipo de percepción distinta al salario y a las prestaciones que se encuentren expresamente establecidas en la ley y asignadas en el presupuesto de egresos correspondiente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VII. El no realizar el cobro de un crédito fiscal o cargo fiscal conforme a la ley, y que el Congreso del Estado de Jalisco, haya determinado hacer conforme al procedimiento que dispongan los ordenamientos legales aplicables.
El ataque, la violación, el daño o trastorno a que se refieren las fracciones anteriores, debe ser cierto y existir la evidencia de haberse producido como consecuencia directa e inmediata del acto u omisión del servidor público.
No procederá en ningún caso el juicio político por ataques, violaciones, daños o trastornos futuros o inciertos, posibles o hipotéticos, ni cuando se actúe en cumplimiento de ejecución de las leyes.
Para determinar la gravedad de la violación, el daño o el trastorno, se deberá considerar la intencionalidad, la perturbación del servicio, el posible atentado a la dignidad del servicio, la reiteración o la reincidencia.
En todos los casos, para establecer los criterios que determinen la gravedad de la responsabilidad del servidor público, se considerarán los dictámenes, resoluciones o sentencias precedentes emitidos en casos similares por la Comisión de Responsabilidades o el Pleno de la Asamblea del Congreso, en su caso.
El gobernador, los diputados del Congreso del Estado y los magistrados del Poder Judicial del Estado serán responsables ante el Congreso de la Unión por violaciones graves a la Constitución federal y a las leyes que de ella emanen, así como por el indebido manejo de fondos y recursos federales. En estos casos, una vez recibida la declaración correspondiente en el Congreso del Estado, éste procederá conforme a lo previsto en la presente ley…”---------------------------------------------------------------------------------------------

Una vez analizados de manera concatenada los hechos manifestados por el denunciante; así como todas y cada una de las pruebas relacionadas anteriormente, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en virtud de ser documentos de índole público, de conformidad a lo previsto en los artículos 10 segundo párrafo, 11 fracción V, 13, 22 y demás relativos y aplicables a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, así como a lo previsto por los numerales 192, 250, 262, 271, 271, 274, 276, 277 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Jalisco de aplicación supletoria a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, por lo que esta H. Comisión de Responsabilidades del H. Congreso del Estado de Jalisco, determina lo siguiente;



En cuanto a la primera de las conductas denunciadas correspondiente a los C.C. MIGUEL GUTIERREZ BARBA y LUIS ENRIQUE VILLANUEVA GOMEZ, en su cargo de CONSEJEROS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO, 1.- “Por sus inasistencias a las sesiones del pleno del Consejo de la Judicatura provocando la paralización de sus funciones en detrimento del propio órgano y de la Sociedad Jalisciense, 2.- así como la designación anticipada de jueces…”
Para efectos de claridad, este Órgano Colegiado considera conveniente hacer una relación del marco normativo aplicable al caso que nos ocupa;

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE JALISCO
TITULO SEXTO

CAPITULO II

DEL PODER JUDICIAL
Artículo 64.- La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, con excepción del Supremo Tribunal de Justicia, del Tribunal de lo Administrativo y del Tribunal Electoral, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura en los términos que establezcan las leyes con base en esta Constitución.
El Consejo de la Judicatura estará integrado con cinco miembros, de los cuales uno será el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, quien lo presidirá, uno se elegirá de entre los jueces de primera instancia inamovibles que tengan más de cuatro años en la Judicatura y los otros tres serán de origen ciudadano que no hubieren desempeñado un cargo dentro de la carrera judicial durante los cuatro años anteriores. La elección será por cuando menos las dos terceras partes de los diputados presentes del Congreso del Estado, a propuesta de los grupos parlamentarios, previa convocatoria a la sociedad.
Los consejeros deberán distinguirse por su capacidad, honestidad, honorabilidad en el ejercicio de las actividades jurídicas y reunir los requisitos exigidos para poder ser Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia de la entidad.
Salvo el Presidente del Consejo, los demás consejeros durarán en su encargo cuatro años, serán substituidos de manera escalonada y no podrán ser nombrados para un nuevo período.
Los consejeros ejercerán sus funciones con independencia e imparcialidad, y sólo podrán ser removidos de su cargo en los términos establecidos por esta Constitución y las leyes secundarias, en materia de responsabilidad de los servidores públicos.
El Consejo de la Judicatura deberá funcionar en pleno o en comisiones, sus resoluciones serán definitivas; las de las comisiones se someterán al pleno, si este tuviere observaciones las regresará a la comisión para que elabore una nueva resolución que deberá aprobarse por unanimidad para ser presentada al pleno, en caso de no haber observaciones o resueltas éstas, se procederá a su ejecución. La comisión respectiva elaborará y presentará la integración de las listas de candidatos que para la elección de magistrados prevé esta Constitución. Así mismo, resolverá sobre la designación y remoción de los jueces de primera instancia, menores y de paz; y desarrollará el sistema de insaculación que prevea la Ley Orgánica del Poder Judicial para la elección de los jurados populares, que se enviarán al pleno, que podrá hacer observaciones en los términos anteriores.
En la designación de los jueces se preferirá, en igualdad de circunstancias, a aquellas personas que hayan prestado sus servicios en el Poder Judicial del Estado.
La ley establecerá las bases para la formación y actualización de los servidores públicos del Poder Judicial, así como la carrera judicial, la cual se regirá por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia.
El Consejo de la Judicatura estará facultado para determinar el número y competencia de los juzgados de primera instancia, menores y de paz, así como para expedir los acuerdos necesarios para el ejercicio adecuado de sus funciones, de conformidad con lo que establezca la ley.
Las decisiones del Consejo de la Judicatura serán definitivas e inatacables.
Importa resaltar así que el artículo anteriormente replicado de la Constitución Política del Estado de Jalisco establece las tareas del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, su composición, sus facultades y atribuciones.
Ahora bien en la Ley Orgánica del Poder Judicial establece lo siguiente;
TÍTULO SEXTO

DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
CAPÍTULO I

DE SU INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
Artículo 136.- La administración, vigilancia, disciplina y Carrera Judicial del Poder Judicial del Estado de Jalisco, con excepción del Supremo Tribunal de Justicia, del Tribunal de lo Administrativo y del Tribunal Electoral, estarán a cargo del Consejo General del Poder Judicial, en los términos que establecen la Constitución Política del Estado de Jalisco y la presente ley.

Artículo 137.- El Consejo General del Poder Judicial velará en todo momento por la autonomía de los órganos jurisdiccionales y por la independencia e imparcialidad de sus integrantes.

Artículo 138.- El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por siete consejeros, de los cuales, uno será el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, y los seis restantes, serán electos por votación de cuando menos las dos terceras partes de los diputados presentes del Congreso del Estado, a propuesta de los grupos parlamentarios, previa convocatoria a la sociedad, de conformidad a lo que establezcan la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la Entidad. Uno de los consejeros deberá ser Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, otro se elegirá de entre los jueces de primera instancia y uno más de entre los secretarios de juzgado.

En la licencia que se otorgue al Secretario, Juez y Magistrado electos como consejeros, deberá garantizarse el cargo y adscripción que vinieren desempeñando.



Artículo 139.- El Consejo de la Judicatura funcionará en Pleno o a través de comisiones, sus resoluciones serán definitivas; y las de las comisiones se someterán al Pleno cuando así lo determine por acuerdo previo del mismo; si éste tuviere observaciones, las regresará a la comisión para que elabore una nueva resolución atendiendo las mismas.
Artículo 140.- Las resoluciones del Pleno, constarán en acta y deberán contar siempre con las firmas de los consejeros asistentes y del secretario, debiendo notificarse a la brevedad posible a las partes interesadas.

La notificación y ejecución de las resoluciones que emita el Consejo General funcionando en Pleno o en comisiones, deberán realizarse por conducto de los órganos del propio Consejo o del juzgado que actúe en auxilio de éste.



Artículo 141.- Cuando a juicio del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, los reglamentos, acuerdos o resoluciones que emita sean de interés general, deberán publicarse en el Boletín Judicial.
CAPÍTULO II

DEL PLENO DEL CONSEJO GENERAL
Artículo 142.- El Pleno del Consejo de la Judicatura se integrará con los cinco consejeros; pero bastará la presencia de tres de ellos, para funcionar legalmente. En el supuesto de que no se encuentre el Consejero Presidente, de entre los presentes se nombrará a quien deba desempeñar esa función para dirigir la sesión por única ocasión.

Artículo 143.- Las sesiones del pleno del Consejo General serán públicas y por excepción reservadas, cuando así lo acuerden la mayoría de sus integrantes y se celebrarán en los días y horas que el mismo Consejo determine, mediante acuerdos generales.

Las discusiones y documentos relacionados con las sesiones reservadas, sólo pueden ponerse a la vista de quienes demuestren su interés jurídico y no son susceptibles de publicarse, salvo las resoluciones finales, que tienen carácter público, con excepción de aquellas que de conformidad con la ley, reciban clasificación distinta.



Artículo 144.- El Pleno del Consejo General podrá sesionar de manera extraordinaria a solicitud de cualquiera de sus integrantes. Dicha solicitud deberá presentarse por escrito ante el Presidente del propio Consejo a fin de que emita la convocatoria correspondiente.

Artículo 145.- Las resoluciones del Pleno se tomarán por el voto de la mayoría de los consejeros presentes, y por mayoría calificada de cinco votos, tratándose de los casos que así lo determine el presente ordenamiento.

Los consejeros no podrán abstenerse de votar, a excepción de que exista o sobrevenga una causa de impedimento legal o cuando no hayan asistido a la sesión en que se haya discutido el asunto de que se trate. En caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.



Artículo 146.- El Pleno del Consejo calificará las excusas e impedimentos de sus miembros para conocer de asuntos de su competencia. Si el consejero impedido fuere el Presidente, de entre los seis consejeros restantes elegirán entre sí, por cuando menos cuatro votos, al consejero que fungirá como Presidente en el caso exclusivo de que se trate.

Artículo 147.- El Consejero que en cualquier asunto disintiere de la mayoría, podrá formular voto particular, el cual se deberá insertar en el acta respectiva si fuere presentado dentro de los cinco días siguientes a la fecha del acuerdo.

Como se aprecia de los artículos anteriormente replicados, el poder creador de la Ley estableció los lineamientos por los cuales se guiara el Consejo de la Judicatura, sus funciones así como sus facultades y atribuciones, y especialmente al caso que nos ocupa se estableció de cuantos consejeros se integrará el consejo esto es de 5 cinco consejeros, de la determinación legal se puede colegir que bastará con la presencia de tres consejeros para que funcione es decir la mayoría, por lo que la inasistencia o ausencia de uno o de dos de ellos no implicaría el impedimento para que funcionara, de tal manera que en lo que alude el denunciante de las inasistencias de los Consejeros denunciados no se desprende ningún daño o menoscabo que redundara en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o del buen despacho de la institución que representan, lo anterior es así debido a que la inasistencia por parte de alguno de los Consejeros redunda más en la responsabilidad administrativa que en el ámbito político, situación por la cual, no es procedente por tal motivo o causa la procedencia de Juicio Político.


Sin embargo cabe precisar que no pierde de vista este Órgano Colegiado lo establecido en el Título Quinto de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, el cual establece en sus artículos 61, 62, 66, 67 y 68 las Obligaciones de todo Servidor Público, las sanciones administrativas así como las Autoridades competentes para imponer las sanciones administrativas, los cuales se reproducen a efecto de claridad;

TITULO QUINTO

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

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